El conflicto interno y armado colombiano que se ha vivido en nuestro país durante las últimas décadas, ha tenido gran afectación, en especial en los sectores rurales del país, donde comunidades como campesinos, Indígenas han sido presas de la violencia. Pese al reconocimiento y a lo evidente de esta realidad, muchos somos ciegos o simplemente fingimos serlo, desde entidades de Gobierno, hasta la sociedad civil, inmersa en lo monótono de este tema, pero incapaz de movilizarse y proponer cambios.
El conflicto agrario y el conflicto
armado interno, son dos ejes que ligados fundamentan lo que hoy es la realidad
de las víctimas, de cientos de civiles y familias que como testigos o
protagonistas de la guerra, se ven involucrados en la historia de Colombia, una
historia construida sobre la sangre.
Diversos intereses, no solo de grupos
armados al margen de la ley, sino de elites políticas y económicas sustentan la
guerra. El narcotráfico, el secuestro, el terrorismo, las torturas forman parte
de la barbarie a la que se ha enfrentado Colombia hace muchos años.
Lamentablemente el conflicto se ha convertido en un negocio para muchos
actores, por lo cual se ha prolongado y no se han puesto en marcha medidas
reales para un camino hacia la paz.
Se propone hoy desarrollar el plan de
Ley de víctimas y restitución de tierras, retornando a las comunidades
desplazadas forzadamente a sus sitios de origen, sin embargo, no se trata solo
de ello, sino de hacer un análisis profundo de la realidad, de desenmarañar los
intereses particulares y dar prioridad al bien social, escuchando las voces de
los civiles víctimas de esta problemática y analizando uno a uno los factores
que hacen parte de este proceso.
En primer lugar es necesario debatir
el tema de las tierras, dado que su distribución es totalmente desigual, y a
los pequeños propietarios les pertenece solo un bajo porcentaje. Los campesinos e indígenas que habitaban esos
territorios han sido despojados y desplazados forzosamente hacia ciudades,
fragmentándose a la vez el desarrollo agrícola, como pieza de desarrollo. Por
otra lado es importante mencionar la apropiación y el uso de la tierra y los
recursos naturales por parte de grandes capitalistas, en gran parte
inversionistas extranjeros, interesados solo en la acumulación de riqueza,
olvidando el contexto social y de las comunidades natales.
En este contexto se hace evidente la
importancia de la integración de lo rural a las políticas nacionales, no solo
en su contexto económico, sino en lo macro de la situación en estos
territorios. Se requiere un análisis en
cuanto a la productividad de las tierras, muchas veces utilizadas de forma
inadecuada, no solo con fines para el narcotráfico, sino sobreexplotadas, con
una notoria destrucción de los recursos naturales, especialmente por las
actividades en la Industria minera.
Por otro lado los grupos al margen de
la ley usan la tierra como elemento de dominación y de poder, como instrumento
de control político. En medio del proceso de negociaciones de paz entre el
Gobierno Colombiano y grupos como las FARC y el ELN, se puede suponer, se hace
consecuente la mediación en este tema, sin embargo se hacen presentes grandes
obstáculos. En gran medida la
condición de ilegitimidad sobre las tierras, pues parte de aquel grupo de
pequeños propietarios se encuentra en condición de ilegalidad respecto a la
pertenencia de los territorios, lo que hace más arduo el proceso de
restitución. Asimismo aquellas victimas
desplazadas, se encuentran ubicadas en
otros sectores, y regresar implica de nuevo un proceso de adaptación, agregando
la condición de temor y escepticismo ante el regreso a sus sitios de origen.
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Tanto el Estado
Colombiano como el país en su globalidad se encuentran en una gran deuda social
y política son las víctimas del conflicto agrario y Armado Colombiano. La
exclusión del sector rural como potencial de desarrollo y como cuna de ciudadanía,
ha permitido la ejecución de actos violentos y de promoción de desigualdad
social. No se trata solo de “solucionar” los problemas con leyes, sino de
generar una conciencia social que arropen en sentido de las mismas. Para ello
es necesario el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la planeación
de estrategias dirigidas hacia el crecimiento de potencial humano, más que
Eonomico.
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